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Las mujeres que logran defenderse de un ataque y en consecuencia hieren o asesinan a su agresor, se enfrentan a un sistema de justicia que lejos de considerarlas víctimas, las criminaliza, y no toma en cuenta los contextos de violencia que viven.

Al no tener un debido proceso las mujeres que defienden su vida son injustamente sentenciadas bajo los delitos de homicidio o lesiones, lo que las lleva a recibir condenas de hasta 60 años de prisión.

En el contexto de defensa contra un agresor,  las mujeres no deberían ser procesadas ni sentenciadas, ya que cumplen con los criterios de la “legítima defensa”, pues no agredieron o asesinaron a sus agresores porque sí, sino que reaccionaron a un contexto de violencia extrema que lo demandaba.

Las mujeres que son agredidas y se defienden tienen dos opciones: ser víctimas de feminicidio o terminar encarceladas.

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