Proyecto “Mujeres defensoras y periodistas incorporan el enfoque de derechos humanos de las mujeres en la política pública de protección integral en la materia”
- Antecedentes
La violencia y el riesgo que viven las mujeres buscadoras, defensoras y periodistas en México no cede, contrario a ello, se agudiza dejando al descubierto los retos que enfrentan las instancias de protección y la complejidad del contexto actual en el que desempeñan su labor.
En 2024, un año electoral presidencial, estatal y local, así como la preparación de la primera elección judicial que se llevó a cabo el 1 de junio de 2025, las agresiones incrementaron sustancialmente.
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2024 CIMAC registró 204 casos de agresiones en contra de mujeres periodistas por el ejercicio de su labor. Durante el 2024, se registró un total de 639 agresiones en contra de la prensa en México, lo que representó un aumento de 14% con respecto a las 561 registradas un año antes, informó Artículo 19.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual 2024 observó con preocupación la persistencia de una tendencia de violencia letal contra quienes ejercen el periodismo en las Américas, con reportes de al menos 22 personas periodistas asesinadas durante 2024, en seis de los 35 Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se encuentran bajo su monitoreo, crímenes que podrían estar vinculados con su labor profesional, México encabeza, con al menos ocho asesinatos, además de reportes de ataques armados, desapariciones forzadas, secuestros, detenciones arbitrarias y obstrucción de la labor periodística.
El Registro Mesoamericano de agresiones contra Defensoras de derechos humanos (2924, señala que “la presencia y control territorial del crimen organizado en gran parte del país sigue siendo una realidad que genera una situación de violencia que afecta e impacta todos los ámbitos de la vida social, desbordando la capacidad de las instituciones y mostrando los altos niveles de complicidad entre autoridades y grupos criminales u otros grupos de poder fáctico.”
En 2024, el registro refiere mil 622 agresiones en contra de al menos 286 defensoras y 21 organizaciones o colectivos de defensa de derechos humanos. Los estados con más casos registrados fueron Ciudad de México, Zacatecas, Oaxaca, Puebla y Guanajuato.
La mayor parte de estas agresiones contra las defensoras estuvieron ligadas a la defensa de del derecho a la información y libertad de expresión (37%), defensoras del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (21%) y defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación (15%).
Particularmente, las defensoras buscadoras enfrentan un preocupante contexto de riesgo. Estas mujeres que no están incluidas en la ley de protección porque no son reconocidas como defensoras, pero que son doblemente víctimas, además de defensoras. Son víctimas indirectas de la desaparición, pero son también víctimas directas al ser amenazadas por buscar a sus desaparecidas y desaparecidos.
Según recoge el informe «Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre» de Causa Común y con base en las cifras del RNPDNO, es en el sexenio de López Obrador que las desapariciones se agudizaron como nunca antes y el fenómeno se agrava en el actual sexenio. En los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 4 mil 120 personas desaparecidas, un promedio de 41 casos al día. Esta cifra es 104% superior a las desapariciones registradas en los primeros 100 días del gobierno de López Obrador, 277% superior a las registradas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los roces entre las madres buscadoras y el expresidente López Obrador fueron una constante durante su sexenio, pues la desaparición forzada terminó por convertirse en uno de los temas más incómodos para el mandatario luego de sobrepasar durante su periodo la cifra de 100 mil personas desaparecidas; el elefante en la habitación que terminó por llegar a un punto de quiebre con su igual, Claudia Sheinbaum.
Estas defensoras, al asumir tareas de búsqueda que el Estado no realiza con la debida diligencia, viven no sólo el dolor profundo por la desaparición de sus seres queridos, sino también múltiples formas de violencia que amenazan su vida e integridad.
Las principales agresiones que registramos en contra de defensoras de la verdad, justicia y reparación, sus organizaciones o colectivos en México durante 2024 fueron: limitaciones o ataques por recabar, obtener o poseer información, hostigamientos y vigilancia.
El registro de la iniciativa Mesoamericana señala que “estas agresiones tienen como objetivo suspender su labor de búsqueda, escalando en gravedad hasta materializarse en intentos de asesinato, asesinatos y desaparición forzada”. Durante 2024 se documentaron el asesinato de tres defensoras buscadoras: Ángela Meraz, en Baja California; y Virginia y Adriana Ortiz García, en Oaxaca; y la desaparición forzada de otras dos compañeras: Lucero Romo, integrante de Jóvenes Buscadores de Sonora, y Lorenza Cano, de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, en el Estado de Guanajuato.
Frente a esta realidad, la única instancia dedica a procurar la protección de las buscadoras, defensoras y periodistas es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo, se observan fallas en su lectura del riesgo y el otorgamiento de medidas de protección. Existen casos de beneficiarias del Mecanismo asesinadas.
Entre los retos identificados para el Mecanismo, destacan son la falta de presupuesto destinado para atender las medidas de protección o el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia en el sistema de seguridad, la capacitación del personal para investigar a los agresores de personas defensoras, los obstáculos que surgen desde las fiscalías, la falta de tipo penales específicos que condenen las agresiones a personas defensoras, y la falta de reformas a la ley de responsabilidades de servidores y servidoras públicas que también tienen responsabilidad.
El acceso a la justicia en donde se puede implementar mejores garantías de no repetición, un esquema que priorice la investigación de casos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como invertir mayores recursos o mayores esfuerzos de los que a otros casos para intentar dar resultados.
Entre sus recomendaciones urgentes están:
- Garantizar la búsqueda independiente en condiciones de seguridad
- Reconocer a las buscadoras como defensoras de derechos humanos
- Garantizar la no repetición de los ataques, de las amenazas, que no se concreten las amenazas de muerte
Para ello se requiere:
- La coordinación efectiva entre las autoridades municipales, estatales y federales y que, primero que nada, dejen de ser los principales agresores
- Romper con la impunidad que es una invitación a la repetición de los ataques y amenazas
- Erradicar y combatir los estereotipos de género, la estigmatización y criminalización hacia las defensoras, buscadoras y periodistas, y la labor que desarrollan, contrario a ello, reconocer públicamente su labor de búsqueda, defensa de los derechos humanos y periodística. En el caso de las buscadoras y defensoras, reafirmar que las tareas que llevan a cabo son consecuencia de la falla, omisión y ausencia del Estado.
Para garantizar la libertad de expresión, se debe garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y su labor periodística en libertad; así como garantías de seguridad y protección para buscadoras, defensoras y periodistas.
En este contexto, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C (CEDEHM) en Chihuahua y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A. C unen esfuerzos para visibilizar y atender la violencia contra las mujeres defensoras y periodistas en México y particularmente en los estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí con atención especial a aquellas personas que trabajan en municipios fuera de las capitales de dichos estados y en crear de manera articulada con las autoridades propuestas de política pública para disminuir el riesgo que enfrentan por el ejercicio de su labor, particularmente mujeres.
2. Objetivo.
El Programa de subvenciones es que mujeres periodistas y defensoras de los estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí puedan acceder a fondos que contribuyan al desarrollo e implementación de planes de incidencia locales para protección a mujeres defensoras y periodistas a nivel estatal y el fortalecimiento de articulaciones en redes de defensoras y periodistas a nivel local y estatal.
Los apoyos a terceros buscan que, las defensoras y periodistas, puedan disponer de recursos para presentar las propuestas a las autoridades estatales y articular a nivel nacional para aportar a la propuesta de protección integral que incluya el enfoque de derechos humanos de las mujeres.
Con esta acción se fortalecerá la labor de las defensoras, activistas, colectivas, colectivos de buscadoras, organizaciones de defensa y las periodistas en los estados de Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato y Oaxaca.
3. Resultado esperado
Las mujeres periodistas y defensoras se reconozcan como sujetas de derechos y sigan contribuyendo desde su quehacer con propuestas de transformación y cambio social y a su vez para la toma de decisiones sobre su seguridad y protección.
4. ¿Quiénes pueden participar?
Mujeres defensoras y periodistas, colectivas, organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos, activistas y colectivos de buscadoras de los estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí.
Las interesadas deberán contar con inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT) como Personas Morales con Fines no Lucrativos.
5. Actividades elegibles
Los tipos de actividades elegibles para recibir ayuda financiera serán:
- Investigación periodística sobre el riesgo y violencias que enfrentan las buscadoras, defensoras y periodistas en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí.
- Diseño e implementación de planes de incidencia en la política de protección a mujeres buscadoras, periodistas y defensoras de derechos humanos en el ámbito estatal en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí.
- Implementación de planes de incidencia con el objetivo de fortalecer el trabajo que realizan defensoras, activistas, colectivas, organizaciones de defensa, periodistas y medios de comunicación independientes a favor de los valores de la democracia y la vigencia del estado de derecho en los estados de Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato y Oaxaca.
- Actividades relacionadas con los temas de derechos humanos de las personas defensoras y periodistas, protección, seguridad, derechos de las mujeres
- Articulación y formación de redes locales para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la libertad de expresión.
- Investigación periodística enfocada a la implementación de políticas públicas estatales de protección a defensoras y periodistas, presupuestos públicos para protección; informes de contexto sobre violencias y actores generadores de violencia o de violaciones a los DDHH, redes macrociminales y sistemas de opresión, etc.
- Necesidades de seguridad y protección integral para mujeres defensoras y periodistas.
- Procesos de cuidado colectivo y autocuidado
- Actividades parte de los planes de protección integral (incluye mejoras a la seguridad de oficinas o seguridad personal, seguridad informática y digital)
- Propuestas libres para las necesidades de incidencia y seguridad locales debidamente justificadas en el objetivo de la Convocatoria.
6. Criterios de selección
Los criterios para seleccionar los proyectos serán:
- Se encuentren viviendo y desarrollando su trabajo en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí, se priorizarán propuestas de municipios lejanos o remotos o con altos índices de violencia,
- Trabajen en redes o colectivas.
- Sean beneficiarias del mecanismo federal o estatal de protección, estén en proceso de ingresar o cuenten con alguna medida de protección, se priorizarán casos de desplazamiento forzado interno,
- Sean mujeres adultas mayores, madres solteras, indígenas o campesina o jóvenes.
- No ser beneficiaria de apoyos o recursos de otras iniciativas similares,
- Cuenten con capacidad para la elaboración, gestión, implementación y conclusión del proyecto presentado, incluyendo la capacidad de gestión administrativa y financiera del recurso (tener una cuenta de banco, preparar informes narrativo y financiero, intermedio y final, gestionar los recursos de acuerdo con los lineamientos fiscales, llevar el registro de gastos, respaldado por facturas con CFDI y en casos excepcionales recibos simples
- Entregar los documentos comprobatorios de las actividades correspondientes, por ejemplo: lista de participantes, fotografías, agendas, productos, entre otros.
7. Costos elegibles del proyecto
- Honorarios asimilados a salarios o profesionales (consultoras)
- Gastos de transporte, alimentación y hospedaje
- Gastos de reuniones
- Compra de materiales e insumos para la ejecución de las actividades
- Gastos en materiales de protección y seguridad
- Gastos de edición diseño y publicación de materiales
- Alquileres de espacios para reuniones o presentaciones
- Gastos administrativos (No mayor al 10% del presupuesto total)
8. Actividades no elegibles
- Acciones específicas para participar en talleres, seminarios, congresos o conferencias.
- Acciones específicas para cubrir gastos de becas individuales de estudios o formación.
- Acciones proselitistas o con partidos políticos.
- Acciones exclusiva o principalmente para financiar gastos regulares de oficina.
9. Documentación a presentar por parte de las personas u organizaciones interesadas:
Las mujeres defensoras y periodistas interesadas enviarán su propuesta a través de los siguientes formularios disponibles en línea:
- Datos de presentación para poder acceder al programa de subvenciones locales para mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos de los estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí.
- Propuesta de plan trabajo que incluya: objetivos, actividades, lugar y municipio donde se desarrollará la actividad, calendario y una breve justificación porque cumple con los criterios, debe ser enviada por la persona responsable del proyecto.
- Propuesta económica. Debe incluir el presupuesto por actividad y el total.
- Identificación oficial de la responsable.
- Constancia de Situación Fiscal
- Acta constitutiva de la Organización (en caso de ser seleccionada).
- CV institucional y de la responsable.
Las propuestas deberán ejecutarse entre los meses de agosto a noviembre 2025.
10. Selección de las beneficiarias
Las propuestas serán enviadas a través de los formularios en línea disponibles a partir de la difusión de esta convocatoria (miércoles 18 de junio de 2025) y hasta el domingo 13 de julio de 2025 antes de las 23:59 horas.
Sólo en casos de dificultad para acceder a una conexión estable de internet los documentos deberán ser dirigidos a la coordinación del proyecto, al correo: coordinacionproyectouecimac@gmail.com con el asunto “Programa de subvenciones locales 2025” en la misma fecha.Comunicación e Información de la Mujer A.C, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C en Chihuahua y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A. C seleccionarán las propuestas con base en las actividades elegibles y los criterios descritos, diferenciando apoyos individuales y apoyos colectivos, tomando en cuenta la zona geográfica del país, la capacidad de gestión administrativa y financiera del recurso, los grupos prioritarios, entre otros.
El monto máximo de la ayuda financiera será de $71,000 (setenta y un mil pesos mexicanos)
Las defensoras y periodistas, las colectivas y organizaciones participantes, pueden enviar más de una propuesta de proyecto durante la convocatoria. Sin embargo, sólo se financiará un proyecto por organización o representante.
11. Resultados y siguientes pasos
En caso de resultar seleccionadas Comunicación e Información de la Mujer A.C. informará por correo electrónico o en llamada telefónica a las personas responsables del proyecto de las organizaciones y solicitará los requisitos administrativos (constancia de situación fiscal, acta constitutiva, comprobante de domicilio y datos bancarios de la Organización, así como también se les solicitará complementar unos formatos con datos necesarios para su registro.
La administración del proyecto, le explicará la forma en que se trasferirá y ejecutará el gasto y si se cumplen y ambas partes están de acuerdo se procederá a firmar una carta compromiso y un convenio de colaboración para la ejecución de la propuesta.
Los proyectos se ejecutarán entre agosto y noviembre 2025 (cuatro meses)
Las seleccionadas se comprometen a entregar dos informes de las actividades y de la ejecución del gasto, un informe será intermedio (15 de octubre de 2025) y el otroal finalizar el proyecto (20 de noviembre 2025).
La transferencia de fondos se realizará en 3 partes: 40% al inicio del proyecto, 40% inmediatos a la revisión y aceptación del informe intermedio y, 20% inmediatos a la revisión y aceptación del reporte final, debiéndose reportar el 100% del recurso ejecutado.
En redes sociales se informará el número de propuestas recibidas por estado y el número de propuestas aprobadas, así como los resultados obtenidos.
12. Fechas clave
Apertura de la convocatoria: 18 de junio de 2025
Cierre de la convocatoria: 13 de julio de 2025
Proceso de selección: 14 al 31 de julio de 2025
Implementación de proyectos: agosto y noviembre 2025
Entrega de informe intermedio: 15 de octubre 2025
Entrega de informe final: 30 de noviembre 2025
Dudas y mayor información al correo: coordinacionproyectouecimac@gmail.com
Una iniciativa implementada por Comunicación e Información de la Mujer A.C., el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C en Chihuahua y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A. C, financiado por la Comisión Europea.